09 Feb El Gobierno quiere impedir usar pluses para alcanzar el SMI y elevará los costes laborales de autónomos y pymes
El Ministerio de Trabajo prepara un cambio normativo que impedirá a las empresas utilizar complementos salariales y pluses para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida obligará a que el salario base de los trabajadores sea, por sí solo, igual o superior al mínimo legal.
Hasta ahora, muchos autónomos y pequeñas empresas podían sumar conceptos como antigüedad, productividad o nocturnidad para llegar al SMI sin tener que incrementar el sueldo base. Con la nueva regulación, esta práctica dejará de ser válida, lo que supondrá un aumento directo de los costes laborales.
Cómo se alcanzaba el SMI hasta ahora
El sistema vigente permitía aplicar el mecanismo de absorción y compensación. Esto significaba que, si un trabajador tenía un salario base inferior al SMI, podía completarse con distintos pluses hasta alcanzar la cuantía mínima.
De este modo, muchos negocios mantenían una estructura salarial flexible, ajustando los complementos sin necesidad de modificar de forma permanente el salario base.
Esta fórmula era especialmente habitual en sectores como comercio, hostelería, limpieza, transporte o servicios, donde los complementos forman parte importante de la nómina.
Qué cambia con la nueva prohibición
Con la nueva norma, el Gobierno pretende que el SMI se alcance exclusivamente mediante el salario base. Los complementos dejarán de computar para llegar al mínimo legal y deberán pagarse de forma adicional.
En la práctica, esto implica que:
- El sueldo base deberá ser igual o superior al SMI.
- Los pluses se sumarán aparte.
- Las nóminas aumentarán de forma estructural.
- Se elevarán también las cotizaciones sociales.
Este cambio reduce la flexibilidad salarial y obliga a revisar muchos contratos y tablas retributivas.
Impacto económico para autónomos y pequeñas empresas
El principal efecto de esta medida será el aumento del coste por trabajador. Según las estimaciones iniciales, el sobrecoste medio puede situarse en torno a los 3.000 euros anuales por empleado, sumando salarios y cotizaciones.
Para negocios con plantillas reducidas o márgenes ajustados, este incremento puede afectar directamente a su rentabilidad. En algunos casos, obligará a replantear contrataciones, horarios o estructuras de personal.
Además, al consolidarse salarios base más elevados, el impacto se mantendrá en el tiempo y se reflejará en futuras subidas, indemnizaciones y prestaciones.
A qué empresas afecta especialmente
La medida tendrá mayor impacto en aquellas empresas que utilizaban de forma habitual complementos para ajustar los salarios al mínimo legal.
Especialmente afectadas estarán:
- Pequeños comercios.
- Negocios de hostelería.
- Empresas de servicios.
- Pymes con convenios sectoriales flexibles.
- Autónomos con uno o dos empleados.
En estos casos, el cambio puede suponer una reorganización completa de la política salarial.
Qué conviene revisar a partir de ahora
Ante este nuevo escenario, resulta recomendable revisar con antelación la estructura salarial de la empresa, los contratos vigentes y los convenios aplicables.
También será clave analizar el impacto en costes, previsiones y planificación financiera, para evitar desequilibrios cuando la norma entre en vigor.
Una adaptación temprana permitirá reducir riesgos y tomar decisiones con mayor margen.