12 Ene Panaderías, carnicerías y pescaderías piden a Hacienda eximir del sistema Verifactu a las micropymes de la alimentación
Las patronales del comercio minorista especializado de pescado, pan y carne han solicitado a Hacienda que exima del sistema Verifactu a las microempresas del sector de alimentación y que, en los casos en los que la adaptación sea obligatoria, se habilite un paquete de ayudas específicas. A su juicio, la aplicación del sistema tendría un impacto desproporcionado en autónomos y micropymes por su limitada capacidad económica, técnica y administrativa.
Esta petición se produce tras la aprobación del Real Decreto 15/2025, de 2 de diciembre, que amplía los plazos para adaptar los sistemas informáticos de facturación. La norma fija la entrada en vigor de Verifactu el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de los contribuyentes.
Un aplazamiento que no resuelve el problema de fondo
La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (Ceoppan) y la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) valoran positivamente el aplazamiento, ya que permite ganar tiempo para analizar la realidad del comercio alimentario tradicional. Sin embargo, advierten de que se trata solo de un alivio temporal y no de una solución estructural para un sector formado mayoritariamente por autónomos y micropymes.
Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2025, en España existen 62.082 negocios de personas físicas dedicados al comercio minorista especializado de alimentación con hasta nueve trabajadores. Para este colectivo, la principal preocupación es que una aplicación homogénea de Verifactu genere costes y obligaciones desproporcionadas que comprometan la viabilidad de muchos pequeños negocios.
Desde la experiencia de asesorías especializadas como Arias Assessors, que acompañan a diario a autónomos y micropymes en sus obligaciones fiscales y contables, este tipo de cambios normativos suele tener un impacto especialmente sensible en negocios con estructuras muy reducidas y una alta dependencia del trabajo personal del titular.
Un sector con características fiscales y operativas propias
El comercio minorista especializado de alimentación realiza fundamentalmente ventas a consumidores finales y, en muchos casos, opera bajo el Régimen Especial del Recargo de Equivalencia del IVA. Este régimen implica que no se presenten autoliquidaciones periódicas de IVA, no se deduzca el impuesto soportado y que una parte significativa de las operaciones no exija la emisión de factura.
Aunque existen supuestos puntuales en los que estos comercios deben facturar a empresarios o profesionales, las patronales sostienen que el control del fraude fiscal se concentra principalmente en los proveedores mayoristas, por lo que la aportación de este colectivo al objetivo de Verifactu sería limitada.
A ello se suma una operativa muy concreta: en pescaderías, carnicerías y panaderías es habitual la venta mediante básculas homologadas integradas con TPV, lo que introduce una complejidad técnica adicional para adaptarse al nuevo sistema.
Sobrecoste tecnológico y dificultad de adaptación
La adaptación de básculas y terminales de punto de venta a los requisitos de Verifactu implicaría inversiones elevadas en hardware y software, así como la sustitución de equipos que en la actualidad funcionan correctamente. Este sobrecoste sería sensiblemente mayor que en otros sectores del comercio minorista y no aportaría un retorno directo al negocio.
Las patronales advierten además de la escasez de soluciones sencillas y económicas, la falta de soporte técnico específico y la ausencia de ayudas públicas suficientes. Esta situación resulta especialmente problemática para autónomos de más de 60 años, que difícilmente pueden amortizar una inversión tecnológica de este tipo en un horizonte temporal razonable.
Propuestas de exclusión y medidas de apoyo
Ante este escenario, las organizaciones plantean una implantación más proporcionada de Verifactu y proponen:
- Eximir del sistema a los negocios de personas físicas con menos de 10 trabajadores, a los empresarios mayores de 60 años y a las comunidades de bienes que cumplan estos requisitos.
- Exonerar a los autónomos del comercio minorista de alimentación acogidos al Recargo de Equivalencia que realicen exclusivamente ventas a consumidores finales.
- Para los casos no exentos, establecer un tratamiento técnico específico para la venta por báscula o una moratoria ampliada hasta que existan soluciones homologadas y asumibles, además de una entrada en vigor escalonada según criterios objetivos como régimen fiscal o volumen de facturación.
Las patronales sostienen que estas medidas tendrían un impacto muy reducido para la Administración, ya que, según los datos de la Agencia Tributaria presentados en el Observatorio de la Cadena Alimentaria en diciembre de 2025, el comercio minorista especializado de alimentación representa únicamente el 5% del resultado total de la cadena alimentaria.